Conciencia y ética bajo el derecho administrativo - Coppola, Francisco (Revista Médica del Uruguay, 2014)
En Montevideo, el 14 de agosto de 2014 en autos caratulados “Alonso Justo y otros contra Poder Ejecutivo” se conoció la sentencia (y por lo tanto la demanda) del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que ha tomado estado público. Los firmantes concurrieron al Tribunal solicitando la suspensión de la ejecución de varios artículos del Decreto 375/012(1) que reglamenta la Ley 18987(2) (ley que despenaliza el aborto voluntario), alegando que la aplicación de estos artículos (del decreto reglamentario) les trae como consecuencias “graves daños”. Son 18 firmantes que, independientemente del número, llama la atención que entre ellos se encuentren ginecólogos socios de la Sociedad de Ginecología del Uruguay (SGU) y docentes de la Facultad de Medicina, incluidos profesores titulares y agregados, y un delegado ante la FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia). El TCA suspendió transitoriamente la ejecución de todos los artículos solicitados excepto uno (30).